Una enorme inversión que beneficia a unos pocos

Eran tres. Venían juntos y con acento norteño se presentaron como ganaderos. Sonreían mucho. La mañana del 17 de enero de 2009 les ofrecieron dinero a decenas de campesinos, a cambio de una parte del ejido General Andrés Figueroa, en el municipio de Zacoalco de Torres. Pagaron el metro cuadrado en seis pesos con 20 centavos. Presionaron a los que no quisieron cambiar el patrimonio por 60 mil pesos. Sobrellevaron demandas jurídicas. Ganaron y volvieron a ganar. Lo de las vacas era broma. En su lugar se erige la primera etapa del Centro Logístico Jalisco (CLJ), con terrenos que van de los 18 a los 35 dólares por metro cuadrado.

Sobre una extensión de mil 594 hectáreas —una parte del ejido Andrés Figueroa y tierras de pequeños propietarios de Zacoalco y Acatlán de Juárez, en el sur de Jalisco—, el sitio contempla una zona industrial, una aduana interior, un almacén de mercancías, un puerto seco: una terminal de carga pesada y trenes, y un área habitacional de quince mil viviendas.

El proyecto del Grupo Logistik es uno de los consentidos del gobernador de Jalisco Emilio González. Su administración pagó ya la mitad de alrededor de 120 millones de pesos que le costó un terreno en el parque industrial. Para el mandatario estatal, el CLJ será la punta de lanza de Jalisco hacia el mundo de la manufactura y el comercio en grande.

El director del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), Jorge Urdapilleta, es uno de los que defienden con pasión este desarrollo de capital regiomontano: “No teníamos una reserva territorial privada para atraer inversiones importantes […] Se vio el modelo [de Logistik Park] en San Luis Potosí y se le hizo la propuesta a los accionistas”.

El servidor público se refiere a los mismos accionistas que en aquel estado enfrentaron oposición cuando en 2003 se beneficiaron con terrenos del ejido La Pila, expropiados por el entonces presidente de México, Vicente Fox, que pagó en cuatro pesos con 80 centavos el metro cuadrado. Allá, los campesinos fueron desalojados con la fuerza de la policía estatal.

En Jalisco, el “progreso” también tendrá costos. El CLJ se asentará con antecedentes de varios litigios agrarios. Tomará el agua de los pozos en una zona con sobreexplotación de mantos freáticos. Colindará, a un kilómetro y medio, con un sitio Ramsar, como se llama a los humedales de prioridad ecológica global. Todo está envuelto en un celofán de sospechas de que los empresarios reciben favores, gracias a su relación con las autoridades federales y estatales.

Cuestionado sobre el tema de la tenencia de la tierra, Jorge Urdapilleta negó la existencia de los juicios agrarios en el área que ocupará el centro: “No, no, no […] Pudo haber unas renegociaciones, que no significa litigios ni juicios ni problemas”, pone las manos en el fuego.

Los expedientes 182/209 y 193/09 del Tribunal Agrario contradicen al director del CEPE. Corresponden a dos juicios que interpuso una decena de ejidatarios de Andrés Figueroa contra su propio comisariado ejidal, por haber decidido en una reunión irregular la venta de más de 324 hectáreas de uso común, también contra Eladio González, José Francisco Pacheco y Fernando Real Ballesteros los tres norteños sonrientes que se dijeron ganaderos y resultaron ejecutivos de Logistik, contra el Notario de Zacoalco, por protocolizar los acuerdos de una asamblea irregular, y contra un visitador de la Procuraduría Agraria que intervino a favor de los compradores.

“Hubo varias irregularidades; ninguno (de los ejecutivos del CLJ) era vecino del ejido, como lo establece el Artículo 13 de la Ley Agraria. Incluso así, en menos de un mes el Registro Agrario Nacional les dio los certificados parcelarios y los títulos de propiedad, cuando estos procesos tardan hasta un año y medio”, recordó Rubén Ávila Marín el abogado de algunos campesinos.

Lo curioso fue que en el ejido El Plan, de Acatlán de Juárez, ocurrió exactamente lo mismo: la llegada de los regiomontanos, la asamblea irregular, el cuento de las vacas, la presencia del Notario, y en ese caso, el Tribunal Agrario resolvió a favor de los ejidatarios.

Al final, relata el abogado, sus dos clientes, Pedro Cortés y Francisco Torres, aceptaron un acuerdo económico y se desistieron de la demanda. Con un abogado de la Procuraduría Agraria otro grupo de afectados no aceptó ni un peso. El juicio se fue a sentencia y en menos de un mes, en abril de 2011, la sentencia se dictó a favor de Logistik. Los ejidatarios se ampararon y volvieron a perder.

Cuando uno visita la casa de Urbano Gómez se da cuenta de que si no aceptó una oferta económica de Logistik fue por orgullo, no por abundancia.

Entre los 210 ejidatarios de Andrés Figueroa, Urbano Gómez y sus hermanos Jesús y Jerónimo forman parte del pequeñísimo grupo que pelea contra lo que, considera, fue un despojo.

En la casa de Urbano, los muros partidos en dos, supieron de mejores tiempos. No existen los muebles nuevos. No hay camionetas ni para trabajar ni para pasear.

“Los que aceptaron dinero del Centro Logístico están igual que uno: fregados”, se consuela el agricultor: “La gente fue engañada y sorprendida, porque 60 mil pesos son una cosa que no hemos tenido ni soñado nunca. Nomás ocho nos negamos a recibir el dinero que nos ofrecieron; uno se murió y quedamos siete”, narró.

– ¿Por qué usted y sus hermanos no quieren el dinero? –le pregunté a Urbano.
– Esta tierra no vale seis pesos; dándola barata vale por lo menos 100 pesos. Y porque en los años 40, en esta casa se peleó mucho contra los hacendados de Zacoalco, para formar el ejido. Aquella lucha costó varias vidas, una cercana.

Eso los Gómez se han encargado de mantenerlo en la memoria. “Mi tío, Urbano Gómez, murió envenenado. Y mi papá, Jerónimo Gómez, fue el que escribió el libro parcelario; entonces, tenemos la molestia de que lo que costó tanta sangre se pierda. Mi padre nos enseñó que no hay tierra con la que puedan comprar la dignidad y el honor”, añadió.

Para el director del CEPE, en cambio, el asunto es simple: “Hace muchos años había la pertenencia (a la tierra). Ahorita hay un solo interés por parte de los inversionistas: ‘yo me voy a donde mejor esté’. Y (para los campesinos) que sea su problema”, declaró sin empacho.

Jorge Urdapilleta añadió que a otros municipios de Jalisco no ha llegado el “progreso” porque los agricultores no abaratan sus propiedades: “Se quieren hacer ricos. Quieren que sus tierras les den para que sus nietos no trabajen”.

– La misma aspiración tienen los empresarios. Observé.
– A ver: (los campesinos) se van a quedar con sus tierras otros 60 años, porque en un mercado libre no es lo que yo quisiera. En el mercado esto vale diez. Si tú quieres 60 ¿Sabes qué? Me voy a otro lado […] Si quieren hacerse ricos y los mandaron a volar, que se vayan a volar.

En sus oficinas de Guadalajara, el director comercial del Centro Logístico Jalisco, Omar de Loza, prefiere no entrar en polémicas. Por políticas internas la empresa no concede entrevistas, explicó, pero se animó a dar su versión del proyecto, sin responder las preguntas incómodas.

Él dice que Jalisco ha perdido competitividad porque carece de un parque industrial de grandes dimensiones. Que la primera etapa del desarrollo de Logistik tiene 199 hectáreas, de las cuales se ha vendido 80%. Que no hay peligro de que ocurra una emergencia ambiental como en el municipio de El Salto, porque en Zacoalco las áreas habitacional y de manufactura están delimitadas y separadas a través de la carretera libre a Ciudad Guzmán. Aseguró que una vez terminado, en varios años, el CLJ generará unos 15 mil empleos.

También dijo que el argumento: “Mano de obra capacitada […] a un costo menor”, con el cual el CLJ invita a las trasnacionales a través de su página de Internet, no significa “mano de obra barata”.

– ¿Cómo harán para que el desarrollo industrial sea compatible con el sitio Ramsar que está a un kilómetro y medio de distancia del CLJ?
– ¿Un sitio qué? No sabía.
– ¿De dónde tomarán el agua?
– De pozos.

Lo del agua y los pozos es un detalle importante.

En un análisis que hizo en 2010 la empresa García Rojas y Asociados, una consultora en urbanismo de Guadalajara, concluyó que es una pésima idea el establecimiento del CLJ entre Zacoalco y Acatlán, entre otras cosas porque en la zona hay una sobreexplotación de aguas subterráneas y un déficit severo de aguas superficiales, según el propio Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco.

Este informe coincide con las conclusiones del estudio “Las aguas subterráneas en Jalisco, una aproximación actual”, que elaboró el Cuerpo Académico de Geología Ambiental y Contaminación de la Universidad de Guadalajara. El documento alerta que en Zacoalco de Torres el nivel freático ha disminuido entre uno y cuatro metros durante los últimos años.

Sin saber mucho de asuntos técnicos, el ejidatario Urbano Gómez relató que hasta hace unas tres décadas Zacoalco estaba rodeado de pantanos, todo el año corría un arroyo y el agua brotaba en la superficie. El cultivo de la caña secó el pantano, el arroyo dejó de correr y en estos días, para encontrar el agua es necesario excavar pozos profundos: “Cuando estuvo de acuerdo con vender, la gente del ejido no entendió que la poca agua que teníamos se quedó en los terrenos del Centro Logístico y al ejido sólo le dejaron cuatro hectáreas de pozos. Nos vamos a quedar sin agua”, prevé.

El asunto del agua no se acaba en los pozos. Un kilómetro y medio al poniente del Centro Logístico Jalisco se extiende, sobre 2 mil 850 hectáreas, la Laguna de Atotonilco que fue nombrada sitio Ramsar desde 2006. El humedal contribuye a la recarga de los mantos freáticos, a regular la temperatura de la región y aloja a 27 especies de aves acuáticas, nueve de aves terrestres, 28 de mamíferos, 14 de reptiles y seis de anfibios. De éstas, quince están bajo protección especial de la Secretaría de Medio y Recursos Naturales (Semarnat) y ocho están en la lista de especies amenazadas, según un estudio que elaboró para esa dependencia la consultora Biosferazul, en 2007.

“Es un ecosistema particularmente vulnerable al manejo y explotación, con una histórica pero constante deforestación”, advirtió por separado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Mientras que el director comercial del Centro Logístico se sorprendió al conocer que el desarrollo inmobiliario es vecino de la laguna, la dependencia responsable del lugar, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) de Jalisco no quiso informar sobre el impacto ambiental que ocasionará el CLJ: “Pregúntale a la Semarnat”, respondió la oficina de prensa.

Se consultó por burocracia pura y dura, y para la Semarnat todo está en orden, de acuerdo con la opinión técnica que recibió de la Semades: “Nosotros sólo evaluamos los proyectos, basados en las manifestaciones de impacto ambiental que hacen empresas especializadas contratadas por los particulares”, explicó el subdelegado de Gestión Ambiental de la Semarnat en Jalisco, Jesús Lucio.

En resumen: el Centro Logístico Jalisco le pagó a un despacho, que determinó que no es grave remover 797.7 hectáreas de mezquite y pastizales. El despacho presentó su estudio ante la Semarnat, que hizo algunos ajustes y pidió la opinión de la Semades, el Consejo Nacional para la Biodiversidad y el municipio de Zacoalco que es un férreo promotor del parque industrial.

El tema es el historial gris del despacho, que en su página de Internet se ufana de haber hecho la manifestación de impacto ambiental para el CLJ. Se trata del Centro de Estudios, Asesorías y Servicios en Sistemas Ambientales (Ceassa), de San Luis Potosí. En distintas notas, los diarios de aquel estado lo acusan de defender los intereses de los grandes capitalistas, como ocurrió con la minera canadiense First Majestic Silver, que pretende extraer plata en Wirikuta, un área ecológica primordial y santuario del pueblo wixárika (huichol).

“Esta empresa universitaria ha cobrado por avalar desastres ambientales para después cobrar por proyectos de supuesta remediación”, acusa el investigador del Colegio de San Luis Potosí, Juan Carlos Ruiz (La Jornada SLP, 21 de agosto de 2010).

Con un dictamen técnico de Ceassa y el visto bueno de varias dependencias, la Semarnat aprobó la remoción de la vegetación, previo pago de 17 millones de pesos del Centro Logístico Jalisco al Fondo Forestal Mexicano, para medidas de mitigación ecológica
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– ¿A quién le tocará revisar que la mitigación será efectiva, el sitio Ramsar sobreviva y el Centro Logístico cumpla las leyes ambientales? Pregunté a Jesús Lucio.
– A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
– ¿Lo hará?
– La capacidad instalada de la Profepa no le permite verificar todas las autorizaciones de Semarnat, admitió el funcionario.

El director del Consejo Estatal de Promoción Económica considera que el entorno ambiental del Centro Logístico Jalisco estará a salvo. El proyecto, presumió, está por certificarse en DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables), un modelo novedoso de complejos mixtos de viviendas e industrias, en el que participan los gobiernos federal, estatal y municipal, junto con los constructores privados, que obtienen créditos blandos a través de Nacional Financiera.

En la teoría, el Centro Logístico Jalisco no afectará tanto el medio ambiente de la región, afirmó Roberto García, académico del departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Pero más tarde en la entrevista volvió al meollo del asunto: “Eso no quiere decir que todo tiene palomita y funcionará bien. Una cosa es la certificación y otra muy distinta, el seguimiento”.

El especialista ha participado en varias reuniones que abordan el tema del CLJ. Con información de primera mano, contraria a lo que pregonan los accionistas y el gobierno de estado, afirmó que el parque de Logistik generará pocos empleos, pues gran parte de sus procesos estarán automatizados.

Añadió que los dos municipios más cercanos, Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres, necesitan apoyo sólido par absorber las dinámicas que generará la cercanía a una zona industrial tan grande y la fundación de una nueva ciudad, de unos 60 mil habitantes: “Alrededor de estos puertos aparecen servicios relacionados con la vocación de estos lugares. Por ejemplo, la región se transformará en un corredor de tráilers, que generalmente atraen giros negros. Puede haber muchos impactos que rompan la vida de los centros de población más cercanos”, y los municipios necesitan capacitación para que estos impactos sean positivos: “Hay que ver las oportunidades, no sólo las amenazas”, consuela.

Recomendó que ante la presencia inminente del CLJ, los gobiernos deben otorgar servicios que beneficien más a la población que a los empresarios.

Por lo pronto, en Acatlán urge la instalación de un relleno sanitario: “No se cuenta con centros de acopio ordenados y regulados. El sitio de disposición final se encuentra al límite de su capacidad y requiere inversión, ante la instalación del Centro Logístico”, según el plan de desarrollo de ese municipio. “Las cosas saldrán bien si los servicios públicos se ven más en los municipios que en las carreteras”, concluyó Roberto García.

Pero hasta ahora el gobierno parece estar más interesado en las carreteras.

Hace unas semanas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio por terminada la ampliación de la primera etapa de la autopista Guadalajara a Colima que costó 732 millones de pesos y contempla la sustitución de una caseta de cobro por dos nuevas, en Acatlán y Sayula.

La secretaría invierte otros 145 millones en la ampliación a cuatro carriles, de once kilómetros de la carretera libre Guadalajara a Ciudad Guzmán, según publicó el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2011.

El director de la consultora García Rojas y Asociados, Jesús García, acusó de que con el pretexto de la reactivación económica, el gobierno está utilizando recursos públicos en proyectos privados “de dudosa rentabilidad”.

No sólo se trata de dinero, sino también de información privilegiada y relaciones. El promotor económico Jorge Urdapilleta, describió cuál fue la función del Gobierno de Jalisco para la instalación del parque logístico: “Permitir el acceso a toda la información, los acercamientos con los presidentes y la negociación con los ejidos”.

Sobre las relaciones de los accionistas de Logistik con los gobiernos local y federal se podría escribir un libro. José Luis Salas Cacho, director del CLJ, es el protagonista de la versión corta de esta subsidiaria de Transportación Marítima Mexicana (TMM).

Salas Cacho ha sido consejero nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Él dice que fue el cerebro de la campaña presidencial de Vicente Fox, con cuya familia tiene amistad. Cuando Fox llegó a la presidencia en 2000, nombró al empresario asesor de la Dirección General de Petróleos Mexicanos. En la columna Expedientes Abiertos, del 19 de noviembre de 2007, El Universal publicó que el personaje aprovechó su cargo en Pemex, para “sostener reuniones privadas, girar órdenes, presionar e incluso amenazar a funcionarios en la paraestatal”. En octubre de 2007, la Secretaría de la Función Pública investigaba por qué Pemex benefició a TMM con contratos por hasta mil 500 millones de pesos.

El 17 de mayo de 2010, durante la presentación del CLJ, José Luis Salas Cacho declaró ante varios periodistas: “Ningún procedimiento legal puede revertir la compra de los terrenos”. Tenía razón.

El ejidatario Urbano Gómez lo expresó en términos de un hombre de campo: “regresaron los hacendados”.

Publicación en Impreso

Edición: 120
Sección: Dichos y Hechos
Autor: Vanesa Robles