Por: Tzinti Ramírez Reyes

Al 10 de mayo de 2020, las cifras globales de la pandemia de la enfermedad COVID-19 provocada por el virus sars-COV-2 superan los 4 millones 180 mil casos acumulados de contagio y 283 mil fallecimientos. Se cuentan también 1 millón 493 mil personas recuperadas alrededor del globo y 2 millones 400 mil casos activos.

En nuestro país rondamos los 35 mil casos acumulados y hemos sumado del 18 de marzo, fecha del primer fallecimiento, al 10 de mayo 3 mil 400 muertes por causa de COVID-19. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, ya cuenta los fallecimientos en más de 80 mil y se ha convertido en el país con más casos de contagio en el mundo con una cifra de 1 millón 300 mil. El Reino Unido acumula a la fecha 32 mil 800 fallecimientos al tiempo que España e Italia ha visto más de 26 mil y 30 mil desenlaces fatales. Si bien Alemania no ha ocupado las portadas de los periódicos por reportes de desbordamientos de su sistema de salud como sí fue el caso de Italia o España, aún así los alemanas cuenta ya, 7 mil 500 fallecimientos. Es claro que las fechas de inicio de la epidemia en cada uno de estos países es diferente pero las cifras nos permiten ir comprendiendo los impactos que el nuevo coronavirus ha ideo teniendo en las diferentes geografías.

En tan solo tres meses, la realidad mundial y las realidades nacionales, han sufrido un contundente golpe al irse haciendo conscientes de lo variados que están siendo los impactos de la propagación acelerada del sars-Cov-2 en los diferentes continentes del planeta. Sabemos que la crisis de la enfermedad COVID-19 es mucho más que una crisis sanitaria. Se trata de una crisis en la oferta y en la demanda global de productos y servicios, caídas estrepitosas en las exportaciones generales y un golpe durísimo para las economías exportadoras de materias primas; una caída de la demanda del transporte aéreo pero también el derrumbe de los ingresos turísticos de muchas economías nacionales; más que esto, se trata de una crisis en la gestión de las posibilidades de gobernabilidad de los diferentes niveles y una exhibición innegable de las burdas desigualdades que marcaban la “normalidad” previa.

Ante la crisis, se han escuchado en todo el planeta voces de la ciudadanía y de los sectores privado y social exigiendo una intervención eficaz y contundente por parte de los gobiernos. Hay tantos temas qué atender que la complejidad de esta crisis sólo puede comprenderse a partir de la convulsión que significó para todos los actores sociales, las instituciones y los medios de producción. Queremos que las administraciones gubernamentales actuales, reaccionen, prevengan, atiendan, canalicen recursos, coordinen, controlen la reacción ante la crisis. La exigencia es sensata, es mínima, la ciudadanía requiere de los gobiernos que honren su razón de ser. Es más, el COVID-19 nos ha hecho pedir, exigir, recordar que detrás de los gobiernos está el concepto de Estado.

Estamos quizás desempolvando esa antigua memoria de que los gobiernos que van y vienen y cambian de color, son elementos constitutivos del Estado junto con el territorio y la población. El Estado a diferencia del gobierno, es una forma de organización política que conjunta esos elementos y que es atemporal. La razón de ser primordial del Estado como creación socio-organizativa humana es la protección de quienes están dentro de sus fronteras.

Al exigir dicha protección, nos hemos topado con la realidad de Estados debilitados, desmantelados por el ir y venir de gobiernos que han ejercido el poder político de la administración de lo público con visiones más cortoplacistas que de un diseño de futuro bien pensado y articulado en economías del cuidado y la regeneración para quienes habitan sus territorios.

Hemos visto a grandes potencias económicas y políticas tener dificultades asombrosas para incluso tareas que debieran dominar. Estados Unidos, por ejemplo, dada la desintegración de su sistema de atención sanitaria, no ha sido capaz de terminar de articular ni siquiera la manera en la que se reúne la información sobre COVID-19 desde los diferentes estados para después ser concentrada y enviada a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Por qué se habla de Estados debilitados?
Repetimos de manera más o menos frecuente que Estados como el mexicano, en los últimos 30 o 40 años, se fueron encogiendo por la aplicación de políticas recortes en el gasto gubernamental en salud, ciencia, cultura y educación. Todas áreas cruciales, pensaría uno, para lograr una adecuada red mínima de sostenimiento de la calidad de vida para la población. Pero los recortes, las privatizaciones, el empequeñecimiento del Estado no quedan por desgracia, en solo una particularidad exclusiva del caso mexicano.

Veamos por ejemplo la zona de la Bergamasca italiana y de la totalidad de la Lombardía que previo a esta crisis, emprendió durante los últimos años políticas privatizadoras del sector sanitario lombardo para favorecer negocios de empresarios devenidos en políticos – o al revés- socios del magnate dueño de Mediaset y ex premier de Italia Silvio Berlusconi. Durante años recientes se determinó por ejemplo que era innecesario emplear a alrededor de 40 mil médicos de familia en la red sanitaria lombarda. Se argumentó que construir hospitales privados – de los que estos personajes son accionistas- traería una mejor calidad en la atención a los italianos del norte y un largo etcétera de beneficios que se aseguraba tendrían los impulsos privatizadores y que con la crisis del COVID. Narrativas privatizadoras como esta, se han dado de frente contra el cemento macizo ante la crisis COVID.

Podríamos recorrer el camino de los recortes y las privatizaciones en cada país hasta un detalle que nos permitiera nombrar a los tomadores de decisión de cada periodo, pero el tiempo apremia. Y hoy los hechos son que en México tenemos un déficit de personal sanitario, de instalaciones, de insumos y un déficit en general en la capacidad de atención hospitalaria. Es un hecho también, que Trump, semanas antes de la erupción del Covid en su país, presentó recortes presupuestales para el famoso Centro de Prevención y Control de Enfermedades y que relocalizó recursos federales para beneficiar el gasto militar, la industria de petróleo en manos de empresarios privados, entre otros. Aún ante medidas recientes sin sentido, es necesario reconocer que el sistema de salud en EU se encontraba en crisis de desintegración y cobertura mucho antes de que Trump llegara a la presidencia.

Es vital reconocer que lo mismo en Italia, en México o en España, el asalto a los sistemas de salud ha persistido durante años, tantos, que enlistar a quienes defendían los recortes, o a quienes los propusieron, los votaron, los ejecutaron e hicieron negocios con ellos se ha vuelto una tarea ardua y difusa. El desmantelamiento de los servicios y empresas a cargo del Estado ha tenido a lo largo de décadas partidarios en puestos de poder en diferentes países. Hoy, ante las ruinas, se escuchan menos esas mismas voces de antaño.

Preguntarse
Es así como estas circunstancias extraordinarias nos demandan cuestionar con mayor vehemencia lo previamente incuestionable. ¿Es el rumbo que habíamos tomado en la definición del funcionamiento y la lógica del sistema económico, el adecuado?; ¿debemos alejarnos de la lógica de la privatización de las instituciones y servicios de salud y acercarnos cada vez más a garantizar el acceso a un sistema de salud universal y gratuita?; ¿conviene una intervención del Estado para regular de manera distinta la inversión que se hace en investigación y desarrollo en materia de enfermedades infecciosas, vacunas y tantos otros temas?; ¿deben determinar las leyes del mercado el rumbo de la investigación y el desarrollo de tecnologías?.

¿Cómo fortalecemos la creación de políticas públicas de Estado, que queden blindadas a largo plazo y que no estén sujetas a cambios de timón repentinos dados por las administraciones en turno?; ¿cómo avanzamos en los mecanismos de democratización de la administración de los sistemas sanitario, educativo y científico de nuestros países?; ¿cómo generamos mecanismos de verdadera participación ciudadana en los procesos de gobernanza de estos sistemas?; ¿cómo trascendemos la lógica de la ganancia en rubros estratégicos para el bienestar de la población?. En suma, ¿hacia dónde queremos llevar al Estado?, ¿qué función queremos que cumpla?, ¿queremos un Estado que funja como garante de una red mínima – o no tanto- de sustento de la vida en sociedad y cuyo rol sea ante todo avanzar hacia la satisfacción de los Derechos Humanos?

¿Cómo rediseñamos el Estado para desmantelar estructuras y procesos que producen las desigualdades tan profundas que hoy nos aquejan?, ¿cómo hacemos todo esto y emprendemos un camino de rediseño del Estado sin generar un nuevo ente hiper-vigilante de los individuos?

Las preguntas son variadas y de naturaleza profunda, pero si para algo deben servir las crisis es para declarar una pausa en la normalidad que habíamos naturalizado y que justamente constituye la raíz del problema. La normalidad es para unos desigual, injusta, polarizante, explotativa, violenta, pobre mientras que para otros es abundante, acumulativa, privilegiada y cómoda ¿será que la clave está en no volver del todo?

Tzinti Ramírez Reyes

Internacionalista. Directora del Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política región occidente del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara.
Twitter: @tzinr

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