Zapotlán entrega dos servicios públicos por 22 años

Por: Maggie G. Urzúa
Periodista Colaboradora

Los próximos 22 años la iniciativa privada tendrá a su cargo la operación de dos servicios públicos municipales en Zapotlán el Grande. La recolección de basura está entrando en el tercer año de su cuarto de siglo estipulado en un contrato. El alumbrado fue concesionado por dos décadas el pasado miércoles.

La Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco en su capítulo Tercero le brinda legalidad a la concesión de bienes y servicios públicos municipales, en un acto también denominado “privatización”.

Para el caso del municipio de Zapotlán el Grande, el Ayuntamiento autorizó en los dos convenios vigentes el pago a los concesionarios para la operación de un servicio de forma más eficaz. Cuando se trata de bienes normalmente no existen intercambios económicos ante la posibilidad de explotarlos con fines de lucro.

Luminarias, 20 años en manos de particulares

El 22 de julio del año en curso, una mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande dio luz verde a la propuesta denominada “Modernización sustentable del sistema de alumbrado público”.

La alianza de las empresas Comercializadora Bioiluminación S.A. de C.V. y Parking Meter S.A. de C.V., ganó el concurso de licitación donde se les obliga a sustituir cerca de 3 mil luminarias por tecnología LED durante los próximos seis meses, de las cuales también tendrán a cargo el mantenimiento y reparación hasta el año 2040.

La concesionaria recibirá cada mes un millón 694 mil 254 pesos con 22 centavos (con IVA incluido). La cifra se traduce en un año a 21 millones 180 mil pesos; en 240 meses las arcas municipales devengarían 423 millones 600 mil pesos, sin considerar aún los incrementos anuales.

Laura Elena Martínez Ruvalcaba, regidora por Movimiento Ciudadano, explicó que el municipio tendrá un ahorro de 3.5% en comparación con el gasto que conlleva operar el servicio. En 61 meses, aumentará a 5.5.

José Guerrero Zúñiga, presidente municipal y autor de la iniciativa, justificó durante la sesión extraordinaria 61, la insuficiencia presupuestaria de su administración para realizar el cambio de lámparas en un breve periodo; de igual forma, dijo que el departamento correspondiente no cuenta con capacidad técnica ni humana para su mantenimiento.
El beneficio, según sostuvo el Primer Edil, radica en el ahorro en el pago de energía eléctrica por el uso de alumbrado moderno, mismo que reduciría las emisiones de gases contaminantes para la atmósfera.

La controversia rondó todo el procedimiento previo. La primera observación fue cómo desde el inicio la elección del concesionario parecía sesgada. En julio de 2019 Guerrero presentó ante el pleno la propuesta para estudiar la privatización del alumbrado; dijo que desde abril de ese año la compañía Comercializadora Bioiluminación les había expuesto un proyecto para renovar luminarias, el cual fue detonante para la iniciativa del Alcalde.

Dicha empresa terminó recibiendo la adjudicación del servicio un año después.
Las sesiones del comité específico para desenvolver esta licitación fueron marcadas por varios episodios: no se transmitieron en vivo como marca la Ley de Transparencia, se publicaron días después.

En uno de los videos la cámara captó al finalizar la reunión una conversación entre Héctor Rolón Murillo, contralor municipal, y Héctor Toscano, jefe de Proveeduría, donde se ponían de acuerdo para simular el concurso y beneficiar a los hoy concesionarios.

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La iniciativa fue aprobada con 11 votos de los ediles del Partido Movimiento Ciudadano (MC); se opusieron los regidores Tania Bernardino y Alejandro Barragán de Morena, el independiente José Romero Mercado y Lizbeth Gómez del PRI; el representante del PAN registró su inasistencia.

Un cuarto de siglo de la recolección de basura

El 28 de febrero de 2017, durante la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 29 correspondiente al trienio de Alberto Esquer Gutiérrez (hoy secretario de Agricultura en el Estado), una mayoría de regidores favoreció la concesión del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos.

A partir del 1 de junio del mismo año la compañía Seos (originaria de Bélgica) tiene bajo su responsabilidad la basura generada por los zapotlenses. La concesión se realizó a través de su filial mexicana Scraps, Trading and Recycling S.A. de C.V., para la cual se aprobó un pago mensual de un millón 833 mil pesos, cifra que tres años más tarde se encuentra ya arriba de los dos millones de pesos cada mes.

Tomando en cuenta sólo el dato de arranque, en 25 años el Gobierno de Zapotlán le habrá pagado 549 millones 900 mil pesos.

Aquel proceso fue aún más polémico, pues la empresa recibió adjudicación directa, sin pasar por un concurso de licitación.

Los más de 60 trabajadores del departamento de Aseo Público se fueron a huelga el primer día de junio de 2017, e instalaron un plantón frente a Palacio Municipal por 43 días. Denunciaron presiones para renunciar a la nómina del Gobierno de Zapotlán e incorporarse a la plantilla del concesionario, hecho que significaba perder su antigüedad laboral.

Finalmente acordaron permanecer como empleados del Municipio, siendo reasignados a otras áreas. Sus sueldos se siguen pagando e imposibilitan el ahorro planeado para el erario, al cual también se le restó un ingreso anual por concepto de reciclaje.

Entre las diferencias observadas al comparar la operación como servicio público y privado, está el cambio de horario pues ahora la recolección se realiza por las noches. Los camiones se guardan en el galerón del Gobierno Municipal, hecho que prueba que la responsabilidad total no está legada en la empresa.

Seos adquirió la obligación de intervenir el vertedero ubicado en los límites con Zapotiltic, con el fin de frenar la contaminación a los mantos freáticos. Hasta la fecha no han exhibido cumplimiento de este acuerdo.

Concesionarios

Hay que resaltar los nexos de las compañías que van a operar dos servicios públicos los próximos 22 años y que podrían ensuciar su labor. Seos en su registro mexicano tiene como socios a integrantes de la familia de Iván Argüelles, actual director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y con militancia emecista, al igual que el gobierno zapotlense. Así lo denunció en junio de 2017 el Comité Directivo del PRI estatal.

En el portal de proveedores de los principales ayuntamientos jaliscienses se pueden encontrar los convenios suscritos por Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque con Comercializadora Bioiluminación. Todas las administraciones son emanadas de MC y llevaron a cabo las negociaciones durante sus gestiones.

En las dos privatizaciones la lupa está puesta sobre su larga duración, el ahorro tangible para las arcas públicas y el beneficio real para la población.

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