Migración centroamericana y derechos humanos

Una de las principales críticas al gobierno de México en materia migratoria es que, por una parte exige a su contraparte en los Estados Unidos una reforma integral que posibilite la regularización de la estancia de millones de mexicanos en aquel país.

Una de las principales críticas al gobierno de México en materia migratoria es que, por una parte exige a su contraparte en los Estados Unidos una reforma integral que posibilite la regularización de la estancia de millones de mexicanos en aquel país, y por otro lado mantiene una política migratoria que de facto, permite múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes procedentes de Centroamérica, que atraviesan nuestro territorio en búsqueda de cruzar la frontera e internarse en el vecino país del Norte. En medio de la polémica y condenable aprobación de la ley SB1070 en el estado de Arizona que criminaliza la migración, la semana pasada Amnistía Internacional (AI) presentó en la Ciudad de México el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México.

Para la realización de este informe, entre los años 2008 y 2009 delegaciones de AI visitaron el país para entrevistar a migrantes, organizaciones que abordan el tema, a miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y autoridades federales y estatales en el Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Se entrevistaron a 110 migrantes que dieron su testimonio a esta organización internacional.

El informe citado es un cruel recuento de las arbitrariedades y flagrantes violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se pueden leer narraciones dignas de cualquier novela de terror, en las que nos percatamos de las vejaciones de las que son objeto estas personas a las que lo único que se les puede reclamar, es que busquen una vida mejor.

Uno de los primeros apartados de este valioso texto se dedica a los peligros a los que se enfrentan los migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. Destacan el secuestro de migrantes por parte de bandas delictivas a lo que se suma que aparentemente autoridades mexicanas en algunos casos colaboran con estos delitos y en otros casos permiten la impunidad al no investigar ni proporcionar la ayuda debida a los migrantes luego de que sufren alguna de estas agresiones. En este capítulo se pueden leer casos concretos que muestran las dinámicas antes descritas.

Otro de los problemas que se tocan en el informe es la violencia contra las mujeres migrantes. Se calcula que el 20 por ciento de los migrantes centroamericanos que atraviesan el país son mujeres, de las cuáles seis de cada diez sufren violencia sexual de acuerdo a lo investigado y documentado por AI. En el texto se leen dramáticos testimonios como el de Marta quien el primero de marzo de 2008 fue detenida con su esposo por policías municipales en la carretera de Tapachula a Arriaga en el estado de Chiapas. Luego de que los uniformados les robaron su dinero, tres hombres armados se llevaron a la mujer, la obligaron a caminar un día entero con los ojos vendados y luego la violaron en repetidas ocasiones. Tras cinco días de cautiverio Marta se dio cuenta que estaba sola y regresó a El Salvador. Todo esto mientras su esposo la buscó y presentó una denuncia por este grave hecho. Hasta ahora este delito permanece en la impunidad.

Las desapariciones y muertes de migrantes centroamericanos es otro de los graves problemas que se presentan en nuestro país. No existe información confiable al respecto; sin embargo en febrero del año pasado el Comité de Familiares y Migrantes Desaparecidos, que representa a más de 700 familias de origen salvadoreño, visitó el sur de México para exigir al gobierno investigar los casos de 293 salvadoreños que habían sido asesinados o estaban  desaparecidos en nuestro territorio durante los años 2007 y 2008.

El siguiente capítulo del informe analiza los abusos en los controles de migración. En esta parte resaltan dos tendencias, la primera de ellas se refiere a que con mucha frecuencia los aseguramientos que realizan las autoridades mexicanas se hacen con lujo de violencia y violando los derechos humanos de los migrantes. Se muestran casos de uso excesivo de la fuerza, de golpes, de tratos crueles y degradantes, y de extorsión. La segunda tendencia que aparece en el documento es la amenaza, tanto a las personas que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, como para quienes protestan por este tipo de acciones. La forma de hacerlo es intentar acusarlos del delito de tráfico de personas. Parecería que una de las prácticas que se empiezan a instalar entre autoridades mexicanas es intimidar a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para que no denuncien sus atropellos, por medio de acusarlos de este delito.

Al final del texto hay una serie de recomendaciones que AI hace al gobierno de México, dos que llaman la atención son la petición de fortalecer el respeto de los derechos de los migrantes y garantizar la igualdad de acceso a la justicia y de protección de la ley para los migrantes irregulares; y para ello se propone reformar la Ley General de Población. Si el Estado Mexicano fuera congruente con su petición de pedir la no aplicación de la Ley SB 1070, también debería retomar el problema de la migración centroamericana y realizar una reforma integral que respete los derechos humanos. No se puede ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en nuestro propio ojo.

Link original Una de las principales críticas al gobierno de México en materia migratoria es que, por una parte exige a su contraparte en los Estados Unidos una reforma integral que posibilite la regularización de la estancia de millones de mexicanos en aquel país, y por otro lado mantiene una política migratoria que de facto, permite múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes procedentes de Centroamérica, que atraviesan nuestro territorio en búsqueda de cruzar la frontera e internarse en el vecino país del Norte. En medio de la polémica y condenable aprobación de la ley SB1070 en el estado de Arizona que criminaliza la migración, la semana pasada Amnistía Internacional (AI) presentó en la Ciudad de México el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México.

Para la realización de este informe, entre los años 2008 y 2009 delegaciones de AI visitaron el país para entrevistar a migrantes, organizaciones que abordan el tema, a miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y autoridades federales y estatales en el Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Se entrevistaron a 110 migrantes que dieron su testimonio a esta organización internacional.

El informe citado es un cruel recuento de las arbitrariedades y flagrantes violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se pueden leer narraciones dignas de cualquier novela de terror, en las que nos percatamos de las vejaciones de las que son objeto estas personas a las que lo único que se les puede reclamar, es que busquen una vida mejor.

Uno de los primeros apartados de este valioso texto se dedica a los peligros a los que se enfrentan los migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. Destacan el secuestro de migrantes por parte de bandas delictivas a lo que se suma que aparentemente autoridades mexicanas en algunos casos colaboran con estos delitos y en otros casos permiten la impunidad al no investigar ni proporcionar la ayuda debida a los migrantes luego de que sufren alguna de estas agresiones. En este capítulo se pueden leer casos concretos que muestran las dinámicas antes descritas.

Otro de los problemas que se tocan en el informe es la violencia contra las mujeres migrantes. Se calcula que el 20 por ciento de los migrantes centroamericanos que atraviesan el país son mujeres, de las cuáles seis de cada diez sufren violencia sexual de acuerdo a lo investigado y documentado por AI. En el texto se leen dramáticos testimonios como el de Marta quien el primero de marzo de 2008 fue detenida con su esposo por policías municipales en la carretera de Tapachula a Arriaga en el estado de Chiapas. Luego de que los uniformados les robaron su dinero, tres hombres armados se llevaron a la mujer, la obligaron a caminar un día entero con los ojos vendados y luego la violaron en repetidas ocasiones. Tras cinco días de cautiverio Marta se dio cuenta que estaba sola y regresó a El Salvador. Todo esto mientras su esposo la buscó y presentó una denuncia por este grave hecho. Hasta ahora este delito permanece en la impunidad.

Las desapariciones y muertes de migrantes centroamericanos es otro de los graves problemas que se presentan en nuestro país. No existe información confiable al respecto; sin embargo en febrero del año pasado el Comité de Familiares y Migrantes Desaparecidos, que representa a más de 700 familias de origen salvadoreño, visitó el sur de México para exigir al gobierno investigar los casos de 293 salvadoreños que habían sido asesinados o estaban desaparecidos en nuestro territorio durante los años 2007 y 2008.

El siguiente capítulo del informe analiza los abusos en los controles de migración. En esta parte resaltan dos tendencias, la primera de ellas se refiere a que con mucha frecuencia los aseguramientos que realizan las autoridades mexicanas se hacen con lujo de violencia y violando los derechos humanos de los migrantes. Se muestran casos de uso excesivo de la fuerza, de golpes, de tratos crueles y degradantes, y de extorsión. La segunda tendencia que aparece en el documento es la amenaza, tanto a las personas que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, como para quienes protestan por este tipo de acciones. La forma de hacerlo es intentar acusarlos del delito de tráfico de personas. Parecería que una de las prácticas que se empiezan a instalar entre autoridades mexicanas es intimidar a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para que no denuncien sus atropellos, por medio de acusarlos de este delito.

Al final del texto hay una serie de recomendaciones que AI hace al gobierno de México, dos que llaman la atención son la petición de fortalecer el respeto de los derechos de los migrantes y garantizar la igualdad de acceso a la justicia y de protección de la ley para los migrantes irregulares; y para ello se propone reformar la Ley General de Población. Si el Estado Mexicano fuera congruente con su petición de pedir la no aplicación de la Ley SB 1070, también debería retomar el problema de la migración centroamericana y realizar una reforma integral que respete los derechos humanos. No se puede ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en nuestro propio ojo.

Contacto Autor: jerqmex@hotmail.com

Link Original La Jornada

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