Crisis de seguridad pública

La crisis de seguridad pública por la que atraviesa México empieza a llegar a niveles de gravedad. Calderón acepta que México tiene una situación de inseguridad similar a la de Colombia en los años 80, con lo que finalmente la amenaza de que nuestro país estaba en el rumbo de la “colombianización” se cumplió y es el propio titular del Poder Ejecutivo quien lo confirma. En San Juan Copala, Oaxaca, una caravana por la paz integrada por miembros de organizaciones civiles es agredida por un grupo paramilitar y mueren dos personas: Beatriz Alberta Cariño, activista mexicana, y Tiry Antero Yaakoola, ciudadano finlandés. Al día de hoy no se ven avances en el esclarecimiento del caso. El fin de semana pasado se reportó a Diego Fernández de Cevallos como desaparecido. En el ámbito local el penal de Puente Grande fue objeto de un operativo militar y se encontraron drogas, teléfonos celulares, armas largas y cartuchos útiles; y se evidenció que hay autogobierno de las personas que se encuentran recluidas.

En sólo un par de semanas emergen todos estos hechos que implican necesariamente una reflexión al respecto del problema de la inseguridad pública. Lo primero que brota es que la estrategia de Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada, a más de tres años de su implementación, no sólo no está aminorando los efectos de la violencia, más bien la está incrementando y no sabemos hasta dónde llegará. Sólo se afirma que se va por el camino correcto, pero no hay metas claras, ni plazos, ni objetivos específicos, lo único que se mantiene es que como cuando se golpea a un panal, las abejas se enojan y pican más; y hay que asumir los costos (algunos de ellos colaterales) en la búsqueda de un bien mayor, pero por ahora tendremos que soportar mayor violencia.

El segundo tema que resalta es que la violencia que vivimos en el país no se circunscribe sólo al tema de la delincuencia organizada. Hay grupos paramilitares en Oaxaca y en Chiapas que generan actos criminales, y donde la clase política hace caso omiso. En estos días hubo dos muertos, una mujer y un extranjero; y el tema no se aborda con la misma preocupación y vehemencia de cuando se habla de narcotráfico. También este asunto es de suma gravedad, y tiene por lo menos 16 años documentado y hasta ahora poco, muy poco se ha hecho al respecto y no se incorpora a la agenda de este problema.

Hasta el momento en el que se escribe este texto, la desaparición de Fernández de Cevallos muestra dos elementos nuevos en el tema de la inseguridad pública. La primera es que también la clase política más prominente e influyente está ajena al problema. Luego de este evento las declaraciones de Gómez Mont se derrumbaron y ninguno de los miembros de la clase gobernante podría hacer caso a los dichos del secretario de Gobernación. El otro elemento es que no parece ser secuestro, ni asesinato, no hay razones claras que expliquen el hecho, ni tampoco nadie se adjudica el levantón. Simplemente el ex candidato presidencial panista está en calidad de desaparecido. Esta forma de proceder no se había hecho presente hasta ahora y habrá que ver el desenlace de este condenable hecho.

El asunto del penal de Puente Grande sólo vuelve a colocar en la agenda mediática el problema de las prisiones en México, que adolecen de sobrepoblación, existencia de autogobierno, violación de los derechos humanos, corrupción, atrasos en las sentencias, degradación del sistema de reintegración social y demás asuntos que generan que las prisiones de nuestro país se conviertan en lugares explosivos y propensos a serios problemas. Esta situación nos recuerda que la agenda de la inseguridad pública no se reduce al tema de la persecución del delito, también tiene asuntos pendientes en los procesos posteriores, en este caso, la reclusión de los que ya tienen sentencias condenatorias.

Todos los acontecimientos expuestos ponen en evidencia que el problema de la inseguridad pública tiene más manifestaciones y efectos que los producidos por la delincuencia organizada, también existen otro tipo de grupos que provocan inseguridad; en segundo lugar podemos decir que los sectores afectados se están ampliando y se empiezan a tocar a personajes que pensaríamos que estarían a salvo de este problema; y que el problema no sólo radica en la persecución del delito, hay otros procesos del sistema de justicia que deben ser reestructurados. No contemplar la complejidad de este problema y la multiplicidad de aristas que tiene en nuestro país y actuar en consecuencia con una mirada más integral, nos está condenando como sociedad a perpetuar este lastre de la sociedad, y posiblemente los efectos más nocivos de estas dinámicas tenderán a incrementarse. Seguir manteniendo una estrategia basada sólo en el enfrentamiento directo con los grupos de la delincuencia organizada cada vez suena más descabellado y poco inteligente, entendiendo que no se afirma que no hay que perseguir el delito, pero es imprescindible la necesidad de implementar otras estrategias para acabar con este grave problema.

Jorge Rocha en La Jornada Jalisco. Enlace original

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