Raíces históricas de la Diócesis de Ciudad Guzmán

P. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Diocesano

Nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán fue erigida el 30 de junio de 1972, se ubica en la región Sur de Jalisco y tiene como sede Ciudad Guzmán.

Después de la conquista y evangelización, el territorio del Sur de Jalisco pertenecía al obispado de Michoacán; pero, al crearse una nueva Diócesis con sede en Compostela (Nayarit) en 1548, y al solicitar, su primer obispo Pedro Gómez de Maraver, en 1551, el traslado de sede a Guadalajara y la modificación de los límites o mojoneras realizadas por disposición del Virrey Luis de Velazco, comenzaron los conflictos de límites entre una y otra diócesis, en los que nuestra región ocupó un lugar importante.

El traslado de sede se aprobó el 31 de agosto de 1560 y dio ocasión a que la Diócesis de Guadalajara buscara, con ardiente empeño y eficacia, que se le adjudicaran varios curatos pertenecientes a Michoacán. Entre los más pretendidos estaban las regiones de Colima, La Barca, Zapotlán el Grande y la Provincia de Ávalos con Sayula como capital.

En ese primer momento, los esfuerzos de Guadalajara por ampliar su territorio y los de Valladolid, capital de Michoacán, por defender su jurisdicción, duraron 113 años, hasta que en 1664. La Provincia o Pueblos de Ávalos, se integraron a Guadalajara; mientras que Colima, La Barca y Zapotlán el Grande permanecieron como territorio de Michoacán.

Con el tiempo la división territorial eclesiástica novohispana sufrió variaciones: El Papa Pío VI, en 1777 creó la Diócesis de Linares (Monterrey) y en 1779, la Diócesis de Sonora. La erección de estas dos nuevas sedes episcopales fue sobre territorio de las Diócesis de Guadalajara, Durango y Michoacán. Con la creación del obispado de Linares, el más afectado fue el obispado de Guadalajara y con la creación de la Diócesis de Sonora igualmente se resintió en su territorio.

Un poco después, en 1782, el obispo de la entonces Nueva Galicia, fray Antonio Alcalde, dirigió un documento al rey Carlos III, en el que puso de manifiesto la cercanía de las provincias de Colima, La Barca y Zapotlán el Grande. Como argumento también señaló que se contaba con caminos abiertos y más cortos que los que distaban hacia Valladolid.

Asimismo, indicaba Alcalde que sus antecesores habían administrado el sacramento de la Confirmación a muchísimas gentes de la jurisdicción de La Barca, por razón de su cercanía y comercio con Guadalajara; por otra parte, él mismo había confirmado a muchos miles de gentes de todas las edades, pertenecientes a los partidos de Zapotlán y Colima, cuando practicó la visita en las provincias limítrofes. A la vez, por la cercanía muchos habitantes de estas regiones habían decidido realizar sus estudios en Guadalajara y no en Valladolid y así tanto clérigos como religiosos de estos lugares recibieron su formación en la capital neogallega.

Además, la solicitud iba en la perspectiva de aliviar los perjuicios provocados al obispado de Guadalajara con la erección de las Diócesis de Linares y de Sonora. Se consideraba que no se afectaría mucho a Valladolid, por lo amplio y la riqueza de su territorio. Lejos estaba el obispo Alcalde de imaginar que aquella petición provocaría un litigio de gran trascendencia.

Para la decisión se consideraron los informes de la visita que hizo a estas provincias el Oidor don Hemeterio Cacho Calderón, y el interés del rey Carlos IV que, en la perspectiva de las reformas borbónicas, buscó hacer coincidir los límites civiles con los límites eclesiásticos y uniformar la administración colonial.

El 5 de mayo de 1795, el Virrey de la Nueva España, marqués de Branciforte, mandó por decreto que se ejecutase lo dispuesto por el Rey, en la Cédula Real del 17 de abril de 1789, sobre la integración de las Provincias de Colima, La Barca y Zapotlán el Grande a la Diócesis de Guadalajara. Aunque, debido al retraso de la aplicación de la decisión, el 26 de agosto de 1797, el rey Carlos IV, mediante Cédula, en uso del real derecho de Patronato y buscando la mayor utilidad (beneficio) de sus vasallos, resolvió falta de motivos para detener más tiempo aquella separación y anexión y solicitó al Virrey, no admitir más recursos en el asunto y buscar su puntual cumplimiento.

Este fue un golpe moral del que nunca se recuperó la Diócesis de Valladolid y, sobre todo, el obispo fray Antonio de san Miguel, quien insistió hasta sus últimos días en el propósito de mantener bajo su jurisdicción aquellas provincias. Señala Jaramillo Magaña que el resultado del litigio produjo resentimiento entre varios clérigos de Valladolid y que, junto con otros elementos de la vida colonial acrecentaron, el espíritu crítico hacia la política real del momento.

Este breve acercamiento a nuestras raíces históricas, nos ayuda a comprender y valorar nuestra cultura y religiosidad. La fuente son los estudios de Juvenal Jaramillo Magaña, publicados en el libro: Hacia una Iglesia beligerante.

P. Alfredo Monreal Sotelo

Formador del Seminario y colaborador de El Puente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *