¿Hacia dónde vamos?

Dos eventos recientes han marcado el derrotero de la vida política de México. Por un lado las elecciones en varios estados de la República y, por otro, los cambios en el gabinete presidencial de Felipe Calderón. El presente artículo desarrolla ambos aspectos.

Dos eventos recientes han marcado el derrotero de la vida política de México.  Por un lado las elecciones en varios estados de la República y, por otro, los cambios en el gabinete presidencial de Felipe Calderón. El presente artículo desarrolla ambos aspectos.

Elecciones 2010

El domingo 4 de julio, doce entidades del país eligieron gobernador y dos más renovaron alcaldías. Luego de los resultados hemos tenido a nuestra disposición análisis, proyecciones a las elecciones del 2012 y opiniones al respecto de los grandes ganadores y perdedores de este proceso electoral. Con el ánimo de seguir contribuyendo a estos esfuerzos, planteo una serie de reflexiones sobre este acontecimiento.

Con los resultados de los Programas de Resultados Preliminares (PREP) lo que tuvimos era lo siguiente:
Estado-Ganador-Segundo lugar
Aguascalientes- PRI 47.48% -PAN 42.64%
Chihuahua -PRI 54.64% -PAN 39.93%
Durango- PRI 46.5% – PAN 44.6%
Hidalgo – PRI 50.25% – PAN-PRD 45.13%
Oaxaca – PAN-PRD 50.14% – PRI 41.81%
Puebla – PAN-PRD 52.36% – PRI 41.69%
Quintana Roo – PRI 52.42% – PRD 26.19%
Sinaloa – PAN-PRD 51.19% – PRI 46.18%
Tamaulipas – PRI 61.7%- PAN 30.8%
Tlaxcala -PRI 46.47% – PAN 38.67%
Veracruz – PRI 43.47% – PAN 40.57%
Zacatecas – PRI 43.10% – PRD 23.04%

El Revolucionario Institucional (PRI) ganó en nueve estados y obtuvo el segundo lugar en los otros tres. Las alianzas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganaron en tres entidades y tuvieron el segundo lugar en un estado. El PAN obtuvo el segundo lugar en seis elecciones, el PRD en dos de ellas, pero ninguno de éstos dos ganó una gubernatura por sí solo. El PAN perdió en Aguascalientes y Tlaxcala; el PRD perdió en Zacatecas.

Los resultados me llevan a las siguientes conclusiones. La primera que salta a la vista, es que el gran ganador del proceso electoral del 4 de julio fue el PRI. El PAN y el PRD, a pesar de obtener tres triunfos en conjunto, fueron arrollados por el tricolor, lo que confirma que solos no son contendientes sólidos frente a lo que se avecina en 2012, al menos por ahora. Las dirigencias nacionales del blanquiazul y del partido del Sol Azteca, tendrían que asumir sus estrepitosas derrotas y no hacer «cuentas alegres» a sus correligionarios.

Siguiendo con esta reflexión, una segunda conclusión es que el otro gran perdedor de esta elección es el gobierno de Felipe Calderón, que no convence a nadie y en las urnas la gente está optando por la oposición, ya que en los estados donde no triunfó el PRI, existen circunstancias muy particulares, que luego se detallarán, que explican la derrota y que no es atribuible a la buena gestión del Ejecutivo Federal.

Una tercera conclusión, es que estas elecciones han sido las más convulsionadas y violentas de los últimos tres lustros. Los hechos lo confirman: un candidato a gobernador preso por acusaciones de involucramiento con la delincuencia organizada; un candidato a gobernador asesinado; un consejero electoral ejecutado, llamadas telefónicas «reveladoras» entre la clase política, guerra sucia y conflicto postelectoral en Veracruz.

Este escenario refleja una antesala muy poco halagadora para las elecciones federales y locales que vendrán en los próximos dos años. El riesgo de tener un proceso electoral con una alta dosis de violencia es previsible. Si en las elecciones de 2006 los poderes fácticos influyeron en el proceso electoral, y vemos que en 2010 la delincuencia organizada también actuó para incidir en la elección, prevemos que en 2012 será un escenario de conflicto entre todas estas fuerzas que buscarán imponer a sus candidatos y proyectos.

En medio de esta confrontación, la ciudadanía, que supuestamente es la gran protagonista y depositaria del derecho al voto, seguirá al margen. Es urgente que los partidos políticos y los institutos electorales se anticipen a este tipo de escenarios, buscando blindarse, ahora sí, de todas estas fuerzas y poderes que seguro tratarán de jugar en el 2012.

Otra de las reflexiones que se derivan de este proceso electoral son los casos de Oaxaca y Puebla. Mario Marín y Ulises Ruiz no sólo perdieron en sus elecciones, sino que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, que se documentaron e incluso llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estas dos situaciones prevaleció la impunidad, ya que ambos fueron eximidos por el más alto tribunal de México.

Sin embargo, la gente hizo justicia en las urnas y votó en contra de estos cacicazgos regionales. Esta es una profunda lección para la clase política mexicana que debe aprender que la violación a los derechos humanos ya no es tolerada por la ciudadanía y que en las elecciones pueden pasarle la factura a aquellos gobernantes que se empeñan en violentar los derechos.

Otra reflexión es en torno a las alianzas entre los partidos políticos. Una de las preguntas que surgen es cómo gobernarán estos «frankensteins electorales». En el caso de Sinaloa y de Puebla, no sólo los candidatos ganadores fueron apoyados por varios partidos, entre ellos el PAN y el PRD, sino que los vencedores son ex-priístas, con lo cual el asunto se complica aún más. Esta mezcla ideológica y de proyectos puede generar profundas dudas sobre a qué candidato van a apoyar.

Los cuestionamientos son muchos y de suma importancia, ya que no quedan claros los proyectos y las directrices. En estos casos es evidente la necesidad del cambio. La gran incógnita es hacia dónde vamos. En este contexto, el gran perdedor puede ser nuevamente la ciudadanía. Habrá que seguir con las reflexiones, y por lo pronto esperar cómo se desenvuelven y culminan los siguientes procesos electorales.

Cambios en el gabinete y la gobernabilidad

Una de las condiciones fundamentales para que un país resuelva sus principales problemas, que logre generar estrategias de desarrollo que beneficien a todos y que sean sostenibles en el tiempo, es la gobernabilidad, que junto con el marco normativo de una nación, son plataformas básicas para la convivencia social.
Un marco legal que funcione como es debido, implica necesariamente que dos de sus componentes se realicen con cabalidad: el acceso a la justicia y abatir la impunidad. Ligado a lo anterior, la gobernabilidad presupone la capacidad de generar un desarrollo multidimensional en los ámbitos político, sociocultural, económico y ambiental, teniendo como base y meta la resolución de los conflictos y la generación de acuerdos.

Si analizamos la gestión de Felipe Calderón desde estas coordenadas, el resultado es muy poco halagador, por no decir desastroso. Los niveles de impunidad en el país se mantienen intactos, sobre todo en los casos donde están implicados miembros de la clase política o empresarial; el acceso a la justicia sigue siendo muy pobre. Es cierto que en días pasados, por fin salieron de la cárcel los presos políticos de Atenco y se dejó sin efectos la orden de aprehensión que prevalecía contra América de Valle. Sin embargo, no hay ningún funcionario público que haya sido responsabilizado de este acto de injusticia o que alguien tenga procesos en su contra por la tumultuaria violación a los derechos humanos de la que fueron objeto pobladores de aquella comunidad. Es un acto de justicia sí, pero a medias.

Días después, aquellos mismos que habían dejado en libertad a estos presos políticos, ratificaron que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue legal. Ahora, miembros de Sindicato Mexicano de Electricistas tendrán un proceso de negociación con la Secretaría de Gobernación, gracias a la huelga de hambre que puso al borde de la muerte a dos trabajadores. Para Calderón y su gabinete estas personas parecen no existir y la razón de su lucha simplemente les parece incomprensible.

Mientras el Ejecutivo dice abogar por los derechos de todos, por la vía de los hechos, viola los derechos de aquellos que se oponen a sus acciones.

Ahora, junto con la cúpula empresarial, se pretende impulsar la reforma laboral, para que por fin los derechos de todos los trabajadores sean limitados y que la mano de obra pase a ser una mercancía más, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, porque así lo demanda el capital, que no necesita ponerse en huelga de hambre para que le hagan caso.
Si miramos los avances en materia de desarrollo, desde una perspectiva multidimensional, hay muy poco que resaltar. La crisis económica sigue a la alta, los niveles de pobreza aumentan, la degradación del medio ambiente se profundiza, la ruptura del tejido social es más profunda y además, estamos sumidos en una guerra contra la delincuencia que sólo nos está dejando más violencia y poco más de 27 mil muertos. En este escenario, luego de las elecciones, los partidos políticos siguen pensando en sus propios intereses y confirmando su incapacidad de generar los grandes cambios y acuerdos que requiere el país.

En este contexto, los tres anteriores secretarios de Gobernación de Calderón (Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño y Fernando Gómez Mont) no tuvieron ni las miras, ni la capacidad de generar los acuerdos que se requierían. El nuevo responsable de la política interna, uno de los principales encargados de propiciar la gobernabilidad en el país, llega en un momento completamente adverso y con la experiencia de que sus antecesores no lo han hecho nada bien.

Hubiéramos deseado que el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación fuera una persona con experiencia probada y con gran estima social; con un diagnóstico claro de la situación y con una mirada suficientemente crítica que asumiera las decisiones que hasta el día de hoy no han sido acertadas; que contara con el aval de las fuerzas políticas y de los grupos de la sociedad civil organizada. No fue así. José Francisco Blake Mora, por lo menos en su currículo, no tiene esas credenciales. Y en la toma de protesta no mostró ningún ápice de autocrítica ni propuso nada nuevo.

Por otro lado, Bruno Ferrari, el nuevo secretario de Economía tampoco dijo novedades importantes. Su antecesor Gerardo Ruiz Mateos se fue sin pena ni gloria, y en su toma de protesta, sólo se comprometió a crear más empresas y ampliar los mercados, es decir, más de lo mismo.

Las modificaciones del gabinete calderonista son muchas, pero por los resultados y las expectativas generadas, podríamos aplicar aquella frase que expresa que en política a veces se cambia todo, para que nada cambie.

Breves conclusiones

La suma de estos dos acontecimientos no avizoran un futuro prometedor. Estas elecciones tan convulsivas y la ausencia de gobernabilidad dejan más dudas que certezas y mas preocupaciones que buenas noticias. En el fondo, la conclusión que se deriva es que la frágil democracia mexicana sigue siendo blanco de las enormes deficiencias de la clase política, que sólo provoca envilecer aún más esta actividad y acrecienta la incertidumbre e incredulidad de la sociedad en su conjunto.

El único actor que puede frenar esta situación y recomponer el camino es la propia sociedad a través de la información y participación, de la organización y la movilización para exigir sus derechos. Sólo así, se podrá poner un alto a este proceso de degradación.

Publicación en Impreso

Número de Edición: 103
Autores: Jorge Rocha Quintero
Sección de Impreso: A tiempo con el tiempo

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