Más de 3 mil desaparecidos en México desde 2006

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) visitó México del 18 al 31 de marzo de 2011 para investigar y emitir un informe sobre la situación de este delito en nuestro país. El documento destaca que México no cuenta con una política pública integral capaz de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas, que siguen ocurriendo a diario.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) presentó el pasado 31 de Marzo un informe especial sobre la situación de los desaparecidos en México. Los resultados de dicho informe son parciales, y el trabajo final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2012 como parte de su informe anual. Las desapariciones forzadas, un delito y una violación a los Derechos Humanos, han aumentado en los últimos años como resultado de la situación de violencia que se vive en el país. A pesar de que México ha adquirido compromisos a nivel internacional para erradicar esta práctica, de acuerdo al reporte presentado, sigue ocurriendo en el país.

Trabajo del GTDFI en México.

La misión del GTDFI, que vino a nuestro país tras invitación del gobierno federal, permaneció en territorio nacional del 18 al 31 de Marzo visitando la Ciudad de México, Chihuahua, Ciudad Juárez, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo y Saltillo.

Asimismo, el grupo se reunió con diversas autoridades a nivel federal y local incluyendo el Secretario de Gobernación y el Secretario de Seguridad Pública, así como con autoridades y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, legisladores de la Cámara de Senadores y Diputados, entre muchos otros.

El equipo que llegó a México estuvo conformado por tres especialistas del GTDFI, Jasminka Dzumhur, de Bosnia-Herzegovina, Ariel Dulitzky, de Argentina y Osman El Hajjé, de Líbano. El objetivo principal de la visita era conocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano en relación a las desapariciones forzadas, así como evaluar el estado de las investigaciones de las denuncias existentes, las medidas de prevención y los mecanismos para la reparación a las víctimas y sus familias. Cabe destacar que esta es la segunda visita del GTDFI a México, la primera fue en 1982, siendo también la primera misión de campo del grupo.

En el informe se subraya que más de tres mil personas han sido desaparecidas en el país desde el año 2006, según reportan diversas organizaciones no gubernamentales. En el mismo documento del GTDFI se afirma que los grupos más vulnerables a las desapariciones forzadas son los activistas sociales y los periodistas, lo que reafirma a México como el país más peligroso para ejercer dicha profesión, deshonroso lugar otorgado en agosto de 2010 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU.

También señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH) registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro en el año 2006 a 77 en el 2010. Sin embargo, la cifra sobre desaparecidos contrasta con los datos oficiales de la propia Comisión. En un informe especial se describe que tan sólo entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 se reportan 9,758 migrantes víctimas de secuestro, lo que según el mismo documento, podría trasladarse a una cifra de 18 mil víctimas al año. De igual manera, se estima que esta cifra de sólo seis meses puede haber generado al crimen organizado por lo menos 25 millones de dólares. En otro informe, la CNDH asegura que entre 2006 y 2011 se han reportado un aproximado de 5,397 personas como extraviadas o ausentes.

Sin embargo, en ninguna parte del informe de la CNDH se hace referencia a las desapariciones forzadas, lo que crea incertidumbre sobre los datos presentados por ambos organismos. Pero aún más, que el organismo mexicano encargado de defender los Derechos Humanos ignore esta área en sus informes es sumamente preocupante.

Los desaparecidos en México

Las desapariciones forzadas son significativamente diferentes de un secuestro, o de una persona ausente o extraviada. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas las define como la privación de la libertad a una o más personas, cometida por agentes del Estado o grupos de personas apoyados o autorizados por el Estado para hacerlo, así como la negativa del mismo para reconocer la propia desaparición del individuo o su paradero y no comunicarle la condición o causas de la privación de su libertad, bloqueando así el uso de recursos legales y garantías para la defensa del individuo y violando así varios Derechos Humanos.

Así como hizo el gobierno mexicano con todos aquellos entre las décadas de 1960 y 1980, cuando personas fueron desaparecidas por tener ideologías políticas diferentes. Son más de 557 los casos que documenta el Comité ¡Eureka!, organismo no gubernamental que se encarga desde los años setenta de revisar los casos de desapariciones por motivos políticos en México. Ahora, a esta lista se suman los más de tres mil casos que documenta el GTDFI ocurridos desde que en 2006 se inició la llamada guerra contra el narco, que bien podrían ser varios cientos o incluso miles más, según algunas fuentes.

Los niveles de violencia en nuestro país son cada vez más graves, las noticias diarias lo evidencian día a día y parecen no tener fin. Solo en las últimas semanas se han descubierto más de 40 fosas clandestinas en el estado de Tamaulipas, donde se han encontrado alrededor de 183 cadáveres que están aún por identificar. También en la ciudad de Durango se han encontrado dos fosas con al menos 96 cuerpos en ellas. En ambos casos es necesario identificar los cuerpos y esclarecer si se trata de víctimas de enfrentamientos entre grupos dedicados al narcotráfico, de secuestro ordinario o incluso migrantes secuestrados.

Estos escalofriantes hallazgos se dan apenas unas semanas después de que el gobierno de la República, en voz del subsecretario de Gobernación Felipe Zamora y del embajador Juan Manuel Robledo, negara terminantemente que en México sucedan desapariciones forzadas y rechazara la recomendación del grupo de trabajo sobre la necesidad de retirar el ejército de las calles. ¿Es posible ser tan negligente?
¿Qué reacción se puede esperar de la comunidad internacional?

Sin duda, la importancia de este reporte es que pone a México en la mira de la opinión pública internacional, no sólo como un país en donde se trafica droga y se vive una situación de violencia por los cárteles del narcotráfico, sino por las condiciones que imperan en territorio mexicano respecto a los Derechos Humanos. Es necesario atraer cada vez más atención del exterior sobre la condición interna de México y hacer cumplir al gobierno federal, y a todos sus niveles, los compromisos adquiridos en tratados internacionales. En este caso específicamente corresponden el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, ambos ratificados por México.

Ahora se discute en ambas cámaras legislativas una iniciativa propuesta por el presidente Calderón para reformar el sistema judicial mexicano, que entre otras cosas, amplía las facultades de los cuerpos de seguridad para vigilar, detener o incluso intervenir los teléfonos de ciudadanos que resulten sospechosos de actividades delictivas, en detrimento de algunas garantías individuales. ¿Podemos esperar que México haga valer los compromisos adquiridos para la defensa de todas estas víctimas? ¿Qué nos ha orillado a esta situación?

Publicación en Impreso

Número de Edición: 109
Autores: Juan Ignacio Pérez Pereda
Sección de Impreso: Reflejo Internacional

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