Días negros para Jalisco en jornada de represiones

Por Jorge Rocha Quintero

Los días 4, 5 y 6 de junio serán recordados como uno de los episodios más lúgubres en el estado de Jalisco. Seguramente aún no podemos calibrar de forma precisa el impacto social y político que estos acontecimientos tendrán en la vida pública de la entidad. En la semana siguiente a los hechos, se tratarán de imponer narrativas de interpretación sobre lo ocurrido en esos días, unas tratando de minimizar los impactos hacia el gobierno de Jalisco y otros intentando que pague el más alto costo político posible. Los grupos políticos han puesto a sus equipos de comunicación política a trabajar en la imposición de sus respectivas versiones y enfoques de estos acontecimientos, para lograr que la opinión pública los favorezca.

Más allá de abonar a estas narrativas, me parece muy importante poner sobre la mesa los hechos de estos días, ya que esto, desde mi punto de vista, nos permitirá construir nuestra propia visión con mejores elementos de discernimiento. Por lo tanto, rescato varios de los asuntos que me parecen fundamentales para comprender lo que sucede en la vida pública de Jalisco:

En primer lugar, el hecho que Giovanni López fue detenido por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, murió en custodia y presumiblemente los policías que intervinieron en estos hechos son señalados como culpables de este lamentable deceso. Este hecho sucedió a principios del mes de mayo, sin embargo, hasta un mes después se dio a conocer a la opinión pública la situación; y sólo a partir de la enorme presión social y mediática, la Fiscalía del Estado de Jalisco intervino la policía de ese municipio y consignó a tres miembros de la corporación, además de llamar a declarar al presidente municipal.

En segundo lugar, la muerte de Giovanni López y el retraso en las investigaciones, generaron una profunda indignación en la opinión pública, que generó la convocatoria a una marcha de protesta el jueves 4 de junio, a la que asistieron muchas personas que exigían justicia por este condenable hecho. En la primera parte de la marcha no hubo acompañamiento de ninguna autoridad para salvaguardar la integridad de los participantes, pero al llegar a Palacio de Gobierno se generó un enfrentamiento muy violento entre algunos de los asistentes a la manifestación y policías, que terminó con detenciones ilegales, un policía al que prendieron fuego y con destrozos en las instalaciones del edificio donde despacha el gobernador. En este operativo fue muy notorio cómo los cuerpos de seguridad no cuentan con los protocolos para afrontar este tipo de escenarios y mucho menos con actuaciones apegadas al respeto de los derechos humanos. Contar con este tipo de estrategias hubiera permitido que no se desencadenara el enfrentamiento, que la seguridad de los participantes estuviera garantizada y que los asistentes que efectivamente generaron daños a personas y cosas, hubieran sido detenidos. Lo que presenciamos fue un escenario de caos e improvisación que sólo incrementó la crisis.

El día 5 de junio, frente a lo acontecido el día anterior, se volvió a convocar a una marcha de repudio por lo sucedido, que en un primer momento tendría como punto de llegada Casa Jalisco, a lo largo del día se cambió la sede y los manifestantes decidieron que el punto de reunión fuera la Fiscalía Central en la calle 14. A las afueras de las instalaciones de la Fiscalía la manifestación transcurrió de forma pacífica, sin embargo, a través de redes sociales, algunas organizaciones civiles de derechos humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, empezaron a documentar que jóvenes que pretendían llegar a la manifestación fueron detenidos de forma ilegal y arbitraria. Algunos de ellos los llevaron a lugares donde los mantuvieron hasta altas horas de la noche y otros fueron llevados a sitios muy alejados de la ciudad, algunas de las víctimas hablan de amenazas, robo a sus pertenencias y de golpes. Esa noche se mantuvo una lista de personas que estaba en calidad de desaparecidos y fue hasta la tarde de día 6 de junio que todos los jóvenes reportados como no localizados afortunadamente había sido encontrados. Ese mismo día Enrique Alfaro pidió disculpas públicas a la ciudadanía, pidió la liberación de los detenidos y expuso que había elementos de la Fiscalía de Estado que habían actuado bajo órdenes que él no había dado.

El día 7 de junio el gobernador de Jalisco expresó que acatará las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México y que continuarán con las investigaciones sobre estos lamentables hechos.

Sin enredarnos en la lucha mediática con establecer una narrativa particular, los hechos anteriormente descritos nos permiten hacer algunas conclusiones iniciales:

  • En primer lugar que las corporaciones policiacas del estado no cuentan con protocolos de actuación que les permita realizar su trabajo de forma eficaz, eficiente y apegada a derecho.
  • Está muy claro que hay un problema muy serio y grave, en cuanto al respeto y vigencia de los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad en la entidad: policías municipales, miembros de la Fiscalía, entre otros.
  • Los mecanismos de procuración de justicia dejan mucho que desear y el caso de Giovanni López es una muestra de ello, ya que sólo a través de la presión mediática este tipo de situaciones avanza.
  • Existe un preocupante problema de falta de control de parte de mandos superiores hacia los miembros de las corporaciones policiales.
  • Es necesaria una reingeniería profunda del sistema de procuración de justicia y de seguridad pública, que no sólo implica un cambio en las cabezas de estos organismos (asunto que urge), sino una transformación profunda en su forma de actuar.
  • Jalisco vivió un momento muy negro y se deben construir las condiciones para que nunca vuelva a pasar.

    Dr. Jorge Rocha Quintero

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    Dr. Jorge Rocha Quintero. Académico del ITESO. Colaborador de El Puente. Escribe en revistas y medios de Jalisco y de la Compañía de Jesús. Le va a Atlas aunque ganen.

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